Ante la generalización en el uso de los nuevos sistemas de procesamiento de datos y la falta de regulación común entre países, La Unión Europea, promulgó el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), de aplicación en todo el ámbito de la Unión Europea, y de particular desarrollo del mismo por la legislación de cada país.

El RGPD resulta de obligado cumplimiento desde el pasado 25 de mayo de 2018. España ha cumplido con su obligación de desarrollo de dicha normativa europea promulgando la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Todas las empresas que traten datos de carácter personal tienen la obligación de adaptar su metodología para cumplir con las nuevas obligaciones que impone este reglamento europeo.

Actualmente la ley en vigor es la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Esta nueva ley deroga la antigua Ley Orgánica de Protección de Datos (LO 15/1999).

El Reglamento Europeo General de Protección de Datos 679/2016 (RGPD) y La Ley Orgánica 3/2018 de 5 diciembre de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales (LOPDGDD) se encargan de regular los procedimentos que deben seguir las empresas y profesionales que en su actividad traten datos de carácter personal, estableciendo una serie de obligaciones tendentes a garantizar la protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de sus datos personales.

Entre otras obligaciones podemos señalar, para cada caso:

• Obligación de llevar un Registro de Actividades de Tratamiento
• Nombramiento de Delegado de Protección de Datos (DPO)
• Realización de una Evaluación de Impacto
• Análisis de Riesgo

El Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) introduce una nueva figura en esta materia, el Delegado de Protección de Datos (Data Protection Officer, DPO). Este se configura como una persona interna o externa de la entidad, física o jurídica, que debe tener conocimientos en Derecho y práctica en protección de datos.

El nombramiento de esta figura resulta obligatorio cuando se trate de autoridades u organismos públicos. O bien, cuando sean empresas que realicen entre sus actividades principales operaciones de tratamiento que requieran el seguimiento regular y sistemático de interesados a gran escala. O tratamientos a gran escala de categorías especiales de datos. A esto debemos añadir todas aquellas organizaciones que enumera la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), y que por sus características deben designar obligatoriamente Delegado de Protección de Datos.

En este sentido, con el fin de prestar un asesoramiento integral, Grupo Data ofrece su constitución en esta figura. En nuestra entidad, disponemos de profesionales especializados en materia de protección de datos, tanto en el ámbito técnico como jurídico, para el adecuado desempeño de las funciones de esta figura.

El nuevo marco del RGPD establece dos rangos de sanciones económicas en caso de incumplimiento.

• En primer lugar, establece multas de hasta 10 millones de euros o 2% del volumen de negocio global del último año para empresas cuyos responsables vulneren el nuevo reglamento o que vulneren las obligaciones de control y certificación.

• El segundo rango sanciona con multas de hasta 20 millones de euros o 4% de volumen de negocio global del último año para empresas que vulneren los principios básicos de tratamiento de datos, los derechos de los interesados, que incumplan una resolución o que transfieran los datos a terceros países.

El principal objetivo de las auditorías en materia de protección de datos, es conocer el grado de cumplimiento de la normativa por parte de la organización, determinando de este modo, el nivel de adecuación en esta materia, las insuficiencias respecto al cumplimiento, así como las posibles mejoras a implantar.

Desde Grupo Data, con el fin de ofrecer una cobertura integral a nuestros clientes, alentamos a la realización de auditorías en materia de protección de datos, resultando en la práctica de especial utilidad para la propia organización, así como para el funcionamiento de la misma.